Ningun municipio leones bajo sospecha por fraude con el censo

Decir que España ha sido y es uno de los países punteros en eso de la picaresca no es descubrir nada nuevo. Este arte se ha ido acomodando a la sociedad con el paso del tiempo, de tal manera que, para no ser menos, en los albores de la campaña electoral del próximo 27 de mayo se reaviva el campo de cultivo para las artimañas que puedan servir para arañar unos votos en los municipios donde la alcaldía se decide por poco. Pero, al menos por ahora, los 'Lazarillos de Tormes' electorales del siglo XXI no residen en León.
Al menos así lo refleja el Instituto Nacional de Estadística (INE), que cada mes solicita a los ayuntamientos de menos de dos mil votantes las cifras del censo electoral, con la obligación de los munícipes a exponerlas al público. Esta medida, que nació en febrero de 2006, ya ha detectado 187 casos de poblaciones en España que han aumentado de manera sospechosamente fraudulenta. Y la noticia es que la provincia leonesa todavía no ha caído en la tentación de participar en estas 'ingeniosas' maniobras, tal y como confirmaban fuentes de la oficina que el organismo público tiene en León.

Sin embargo, Castilla y León no se libra de esta 'caza', ya que se encuentran siendo revisados cuatro municipios y dos pedanías de Burgos, y se contabiliza un caso en Segovia. De todas formas, con la cercanía de los comicios municipales y autonómicos no se descarta que esta 'lista negra' engorde.

Además, hay que tener en cuenta un dato: León es la provincia de la geografía española que cuenta con más entidades de ámbito territorial inferior al municipio, con un total de 1.228, que incluyen sobre todo a las juntas vecinales. Le siguen de lejos Burgos, con 545, y Cantabria, con 524.

Pero, ¿cómo se detecta un engaño? Las investigaciones del INE se inician bien por la denuncia de un particular o partido político o porque el mismo organismo se da cuenta de que en la lista enviada desde el Ayuntamiento hay datos que no cuadran. A partir de entonces, el ente se pone en contacto con el consistorio para pedir explicaciones. Si los municipios no certifican que los nuevos empadronados residen en la localidad, se abren los expedientes que pueden concluir, según la legislación vigente, en una baja de la persona, que conllevaría la prohibición a ejercer el voto. Además habría sanción económica que oscila entre 30 y 601 euros por una falta de 'inclusión indebida'.

Según publica el INE en su página web, el próximo 27 de mayo están llamados a las urnas 415.511 leoneses, de las cuales casi 10.000 son inmigrantes. Y es que sin ser motivo de sospecha, hay que destacar el aumento de población de la provincia con respecto a 2006 en 2.231 habitantes, concentrados en su mayoría en el alfoz de la capital. Los casos más llamativos se centran en San Andrés del Rabanedo, pormenorizado en la página siguiente, o Villaquilambre, que acapara casi la mitad del crecimiento provincial con 1.094 empadronados más en sólo un año.

Que el Instituto Nacional de Estadística no haya detectado ningún posible caso de fraude electoral no significa que no haya existido o que no exista. Sin ir más lejos, a finales de enero el portavoz socialista del Ayuntamiento de Folgoso de la Ribera, Guillermo Colinas, criticó la política del regidor 'popular' José Manuel Otero por haber comunicado la baja en el padrón a algunos vecinos de Boeza «no afines con la ideología del señor alcalde».

Pero hay que realizar un ejercicio de memoria y remontarse a los últimos comicios, en 2003. Uno de los casos más llamativos de acusación de engorde de censo lo representó Gordoncillo, cuando horas antes del cierre del plazo de inscripción del censo se empadronaron 200 nuevos vecinos, que sumados a los habituales 550 censados se pasaron a 700. Aunque el Ayuntamiento que rozó el esperpento fue el de Santo Tomás de las Ollas, donde varias personas aparecían empadronadas en un gallinero, sin olvidar la casa de un concejal de Benuza donde administrativamente residían catorce vecinos. Ninguna de estas denuncias acabaron en sanción alguna.

El INE, harto de la mala experiencia de 2003, cuando hasta cinco municipios estuvieron bajo sospecha, decidió controlar con más exhaustividad los censos de los municipios.

Fuente: La Crónica de León